MARIO ZELAYA SUMa SU TERCER AUTO DE PRISIóN

17 de septiembre de 2014 12:33 PM

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MARIO ZELAYA SUMa SU TERCER AUTO DE PRISIóN

Tegucigalpa. La justicia se muestra implacable en contra del exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Roberto Zelaya Rojas.

Tres acusaciones le interpuso el Ministerio Público (MP), tres autos de prisión le decretó el Poder Judicial por actos de corrupción en el Seguro Social.

En una prolongada audiencia inicial, el juez natural Elmer Lizardo le decretó ayer el tercer auto de formal procesamiento, con la medida cautelar de prisión preventiva, en contra de Zelaya.

El caso refiere al requerimiento fiscal que le interpuso el MP por suponerlo responsable de los delitos de abuso de autoridad y contra la administración de fondos públicos y privados de pensiones y jubilaciones.

Se señala responsabilidad penal por resoluciones aprobadas por la junta directiva del IHSS que autorizan transferencias que se elevan a más de 1,500 millones de lempiras del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) al de Enfermedad y Maternidad (EM), en la cual también se acusa a 13 exdirectivos del IHSS y al exjefe de Administración, José Ramón Berttety. La transferencia se aprobó en dos resoluciones, para consolidar una deuda por 942.7 millones de lempiras.

La audiencia inicial se celebró en la sede de la CSJ, a donde Zelaya ingresó a las seis de la mañana custodiado por cuatro patrullas de la Policía Militar del Orden Público. El exdirector del IHSS guarda prisión en el Primer Batallón de Infantería, por disposición judicial.

La audiencia inició a las nueve de la mañana y concluyó a las cinco de la tarde.

En la misma, el MP formalizó la acusación contra Zelaya. Asimismo, presentó y evacuó sus pruebas que convencieron al juez para decretarle a Zelaya el auto de formal proceso, con prisión preventiva a cumplir en dicho recinto militar.

En este caso se sigue el proceso especial para altos funcionarios del Estado, en vista que uno de los 15 acusados, Arturo Bendaña, es diputado.

En el espacio que se concedió a medios de comunicación para tomar gráficas en la audiencia celebrada ayer, EL HERALDO le consultó nuevamente a Zelaya si quería brindar un mensaje al pueblo hondureño, pero se llamó nuevamente al silencio.

El MP aportó 12 medios de prueba documental y la declaración de dos testigos.

En primer lugar, rindió declaración testifical la expresidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Vilma Morales, actual coordinadora de la Junta Interventora del IHSS.

En su gestión en la CNBS se emitió una resolución que prohibía la transferencia de fondos del Régimen del IVM al de EM. Asimismo, compareció a declarar el especialista actuarial Roberto Carlos Salinas.

La acusación contra exdirectivos del IHSS es por aprobar dos resoluciones ilícitas con la cual se transfirieron más de 1,500 millones de lempiras del fondo de Pensiones del Seguro Social a una caja abierta para hacer gastos. “La imputación que corresponde al señor Mario Zelaya y al señor José Ramón Bertetty está dirigida a que ellos utilizaron esas resoluciones para provocar transferencias internas y erogaciones millonarias desde el Seguro Social”, informó el jefe de la Unidad de Apoyo Fiscal, Roberto Ramírez Aldana. Aclaró que la acusación contra Zelaya no refiere a la aprobación de la millonaria transferencia. “Tiene que ver con haber promovido que se firmaran esas resoluciones y también haber promovido las transferencias entre Regímenes de más de 1,520 millones de lempiras”, manifestó. La defensa no objetó ningún medio de prueba planteados por el MP.

En sus conclusiones, el MP y la Procuraduría General solicitaron al juez dictarle a Zelaya el auto de formal procesamiento, con prisión preventiva; la defensa pidió el sobreseimiento.

La audiencia se suspendió al mediodía, el juez convocó a las partes a las tres de la tarde para notificar su resolución.

La espera demoró y fue hasta las cinco de la tarde cuando se dio a conocer el fallo.

“Ha dictado el auto de formal procesamiento contra el señor Mario Zelaya por el delito de abuso de autoridad y contra la administración de fondos públicos y privados de pensiones, tal como lo había planteado el MP”, informó Ramírez Aldana.

La resolución fue conforme a la pretensión del ente acusador del Estado. “El tribunal apreció los dos delitos por los cuales la Fiscalía acusó, consideramos que se presentaron los suficientes elementos de prueba que esta audiencia requería”, expresó el fiscal.

El abuso de autoridad es sancionado de 3 a 6 años de reclusión; el delito contra la administración de fondos de pensiones de 6 a 12 años. En este caso se agrava un tercio por cometer los delitos como funcionario.

A Zelaya ya se le habían dictado dos autos de prisión. La juez No. 14, del Juzgado Penal, le decretó el primero el pasado viernes por la acusación que enfrenta por la supuesta compra sobrevalorada de pasajes aéreos a Estados Unidos para promover un programa de afiliación a migrantes. El segundo lo decretó el Juzgado Penal con Jurisdicción Nacional el pasado domingo por el presunto cobro de coimas o sobornos por un millón de dólares.

Previo a la audiencia, Marcelino Vargas, defensor de Zelaya, cuestionó que pareciera que los fiscales tuvieran el cerebro al revés, por no enfocar la acusación contra verdaderos culpables. “Nos da gracia la posición de la defensa, no voy a referirme al respecto, las resoluciones judiciales van a decir la verdad”, respondió.

El tribunal emitió ayer el primer sobreseimiento a favor de uno de los acusados por actos de corrupción en el Seguro Social.

Al iniciar la audiencia, la abogada Ritza Antúnez presentó ante el juez una excepción a favor de su representado Benjamín Bográn. Argumentó que Bográn no formó parte de la junta directiva que aprobó la millonaria transferencia. Que su participación fue en su condición de suplente de la representación titular del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). Por lo tanto, no ejerció su voto.

El juez consideró válido el planteamiento y declaró con lugar la excepción. Por consiguiente decretó el sobreseimiento definitivo a favor de Benjamín Bográn.

El MP respeta la decisión del juez, más no la comparte; por lo que presentará un recurso de apelación. Para ello tiene tres días hábiles, a partir de hoy. Ramírez Aldana expuso que en la sesión que aprobó la transferencia habían tres representantes del Cohep y la resolución fue adoptada por unanimidad. Lo que quiere decir que los tres miembros del Cohep tuvieron que haber votado, indicó. Para ello, dijo, existen actas firmadas por los entonces directivos.

Por su parte, Antúnez se mostró satisfecha con la resolución, que tiene efecto inmediato. Por tanto, dijo que las medidas cautelares que le impusieron desaparecen. Espera acreditar la inocencia con el resto de exdirectivos que representa.

Si la Corte de Apelaciones resuelve lo contrario, Bográn quedará excluido del proceso acusatorio por el presente caso.

Fuente: elheraldo.hn

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